La captura de presuntos delincuentes no se traduce en castigo judicial en el Perú. En lo que va de 2026, casi la totalidad de personas encarceladas por extorsión y uso de armas continúa en prisión sin una condena definitiva que determine su culpabilidad. El registro oficial del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) comprende a 1,624 internos procesados de un conjunto de 1,668 ingresos a establecimientos penitenciarios, lo que representa al 97.36% de acusados recluidos a la espera de un veredicto.
Las estadísticas, analizadas por el ingeniero Juan Carbajal, exponen que esta condición procesal se replica en diversos delitos. En robo agravado y hurto, el 88.72% de ingresantes continúa sin fallo, equivalente a 2,155 acusados de un total de 2,429 casos. En tráfico de drogas y delitos conexos, 1,769 reos carecen de sentencia, lo que significa el 91.52% de los 1,933 reclusos admitidos en 2026. En delitos sexuales, el 85.07% de procesados carece de dictamen definitivo, afectando a 1,311 personas de un universo de 1,541 detenciones.
Este colapso procesal enmarca las iniciativas políticas que observan esquemas penitenciarios del exterior. La presidenta Keiko Fujimori visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en El Salvador y sostuvo un encuentro con el mandatario Nayib Bukele para inspeccionar los pabellones de reclusión y las medidas implementadas. En territorio peruano, ciudadanos y comerciantes afrontan constantes amenazas telefónicas y ataques con explosivos. Especialistas señalan que replicar pabellones de reclusión no suple las tareas de policías, fiscales y jueces. El avance de las causas requiere pruebas sustentadas y audiencias continuas que concluyan con una sentencia judicial. La ciudadanía exige sanciones firmes e inmediatas, mientras el sistema sancionador deja inconclusas las investigaciones promovidas por las denuncias.
Soy Independiente

